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LAS FASES DE DETERMINACIÓN DE LA PENA

                El cálculo de la pena aplicable como consecuencia de la comisión de una infracción penal no constituye una labor sencilla. El propósito de este artículo es dar a conocer cuáles son los pasos a seguir a fin de facilitar las complejas operaciones de determinación de la pena.

            En primer lugar, es necesario subsumir la conducta delictiva en alguno de los tipos previstos en el Código Penal ya se trate del tipo básico o, en su caso, de las eventuales modalidades agravadas o atenuadas reguladas en aquél.

            A continuación, procede valorar cuál ha sido el grado de ejecución del delito. En este sentido, hay que distinguir si estamos ante un delito consumado, en cuyo caso se atenderá a la pena prevista en la Parte Especial (Libro II del Código Penal), o si cabe apreciar tentativa -inacabada o acabada-, que podrá dar lugar a la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados. También debe tenerse en cuenta que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer un delito sólo son punibles en aquellos casos en que la Ley así lo prevea. Uno de tales supuestos es el de los actos preparatorios del delito de trata de seres humanos, cuya apreciación determina la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados.

            El siguiente paso viene determinado por la toma en consideración del grado de participación del sujeto en el delito cometido. En caso de que su intervención se haya limitado a una cooperación en la ejecución del hecho que no pueda calificarse como necesaria, habrá de aplicarse la regla prevista para los cómplices: aplicación de la pena inferior en grado. En relación con ello, debe recordarse que nuestro Código Penal equipara a los inductores y cooperadores necesarios con los autores de la infracción penal.

            En cuarto lugar, ha de tenerse en cuenta la posible concurrencia de circunstancias extintivas o modificativas de la responsabilidad penal. A título ejemplificativo, podría apreciarse la existencia de una causa de justificación o de una causa de inculpabilidad que diese lugar a la exención de responsabilidad criminal. O bien podrían concurrir más de dos agravantes genéricas -y ninguna atenuante-, lo que conduciría a aplicar la pena superior en grado en su mitad inferior. En cuanto a la determinación de la relevancia de las circunstancias atenuantes y agravantes, no es baladí destacar que en los casos de delitos leves o de delitos cometidos por imprudencia la discrecionalidad de los órganos jurisdiccionales es mayor, pues no se encuentran encorsetados por las rígidas reglas previstas para los delitos dolosos graves y menos graves.

            Finalmente, es necesario atender a la posible apreciación de la figura de la continuidad delictiva o de alguno de los tipos de concurso. En cuanto a lo primero, la comisión de varias infracciones del mismo precepto u otro de similar naturaleza sobre la misma o diferente víctima puede determinar la aplicación de la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior o, incluso, la pena superior en grado. Por otro lado, la existencia de concurso real conlleva con carácter general la suma de las penas correspondientes a cada uno de los delitos, con las limitaciones a esta regla contempladas en nuestro Código. En aquellos casos en que un mismo hecho pueda quedar subsumido en dos o más tipos delictivos pero sólo sea posible aplicar uno de ellos porque comprende ya la totalidad de lo injusto de la conducta realizada, procede imponer la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, salvo que la suma de las penas que correspondan a los tipos concurrentes sea inferior, en cuyo caso se aplicará ésta. Y por último, cuando se haya cometido un delito como medio para cometer otro, la pena habrá de ser superior a la contemplada para la infracción más grave, con la misma salvedad que en el caso del concurso ideal y además, con sujeción a los límites establecidos para el concurso real.

            Las anteriores operaciones ofrecerán como resultado una horquilla temporal y, tras la correspondiente individualización judicial, se obtendrá la pena concreta a imponer en cada caso.

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