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La importancia de no posponer la imputación penal para preservar los derechos fundamentales

La importancia de no posponer la imputación penal para preservar los derechos fundamentales

… del investigado.

Según el artículo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el Juez de Instrucción se presentase a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviere practicado cualquiera Autoridad o agente de policía, debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho Juez, así como los efectos relativos al delio que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición los detenidos si los hubiese. Y el artículo 287 establece que los funcionarios que constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso de la causa les encarguen los Jueces de Instrucción y municipales. De lo anterior se desprende la necesidad de una previa autorización para cualquier diligencia policial en relación a un delito que ya está investigado por el Juzgado instructor.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional 44/1983 de 24 de mayo, el derecho a ser informado de la acusación formulada es simplemente esencial para que el acusado pueda preparar su defensa. La ausencia de este derecho devendría en una manifiesta indefensión de la parte afectada, tal y como se observa en el caso que nos ocupa. Por su parte la Sentencia del Tribunal Constitucional 178/1991, de 19 de septiembre respecto a la asistencia letrada determina: “Este derecho, que el mencionado art. 24.2 consagra con especial proyección hacia el proceso penal, tiene por finalidad la objetiva protección de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, evitando desequilibrios en las respectivas posiciones procesales o limitaciones del derecho a la defensa que puedan inferir como resultado indefensión (STC 47/1987, fundamento jurídico 2.º). De suerte qué, en el ámbito de la asistencia letrada de oficio, la ausencia de Abogado sólo se valora como lesiva del derecho constitucional cuando la defensa ejercitada en concreto se revela determinante de la indefensión (STC 194/1987, fundamento jurídico 3.º); o dicho de otra manera: para que la no asistencia letrada provoque una indefensión material es preciso que haya podido razonablemente causar algún perjuicio al recurrente, pues de otra manera la estimación del amparo tendría una consecuencia puramente formal y no haría más que dilatar indebidamente el proceso (STC 161/1985, fundamento jurídico 5.º; en el mismo sentido, SSTC 301/19981 y 42/1982). Es obvio que en el caso de no conocer el idioma, se prevé la asistencia de intérprete. Pero en modo alguno este intérprete puede suplir la necesidad de asistencia letrada prevista por el artículo 24 de la Constitución Española.

Y la Sentencia del Tribunal Constitucional 273/1993 determina que: no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales cuando, de las diligencias practicadas, pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, bien por figurar así en cualquier medio de iniciación del proceso penal, por deducirse del estado de las actuaciones o por haber sido sometido a cualquier tipo de medida cautelar o acto de imputación formal (art. 118.1º y 2º L.E.Crim.), ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario, pues estando ligado el nacimiento del derecho de defensa a la existencia de la imputación (art. 118 L.E.Crim.), se ha de ocasionar la frustración de aquel derecho fundamental si el Juez de Instrucción retrasa arbitrariamente la puesta en conocimiento de la imputación, razón por la cual dicha actuación procesal habría de estimarse contraria al art. 24 C.E. y, por ende, acreedora de la sanción procesal de la «prueba prohibida» (art. 11.1º LOPJ)”.

 El artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.

Según el art. 486 de la LECrim. «la persona a quien se impute un acto punible deberá ser citado sólo para ser oído, a no ser que la Ley disponga, lo contrario, o que, desde luego proceda a su detención”.

La imputación extrajudicial comprende aquellos supuestos en los que se asigna la participación delictiva a una persona concreta, por iniciativa de personas ajenas al Juez instructor: la presentación de una querella, la denuncia o atestado, la detención practicada por particulares (art. 490 LECrim) o por la Policía (art. 492 LECrim.), las diligencias de investigación preprocesal desarrolladas por el Ministerio Fiscal u ordenada por la Policía Judicial y la citación cautelar a presencia de aquel.

La denuncia o querella es la forma más usual de dar inicio a un proceso penal. La imputabilidad, y así el derecho del sospechoso o simplemente indicado de culpabilidad, surge, según la LECrim., a partir de que la denuncia o querella sea admitida.

En STC 135/1989 afirma «que no basta la simple interposición de tales actos de iniciación, para hacer surgir la imputación, siendo necesario que los mismos sean judicialmente admitidos«. Pero también es cierto, de acuerdo, con lo dispuesto en los arts. 269 sobre la denuncia, 312 y 313 todos de la LECrim., sobre la querella tales actos de iniciación deben admitirse o desestimarse o lo que es lo mismo, llevar a cabo un acto de investigación con anterioridad a dicho trámite de admisión a los efectos de constatar el contenido delictivo o la suficiencia de la imputación. Tales actos de investigación son siempre posteriores a la admisión y a la imputación dirigida al sospechoso.

El art. 269 de la LECrim. sobre la denuncia establece la posibilidad de que sea inadmitida si no revistiera carácter de delito o fuera manifiestamente falsa y que en caso de no hacerse así se procederá a comprobar los hechos denunciados. En definitiva, lo que el precepto viene a decir es que el hecho de la no admisión ad limine se concreta en la apertura de la investigación o, lo que es lo mismo, que toda orden de investigación equivale a la admisión de la denuncia. Es decir si la orden de investigación equivale a la admisión y esta presupone el nacimiento de la condición de imputado no cabe duda de que con anterioridad a tales actos de indagación debe el sospechoso ser informado de los hechos denunciados, interrogado al respecto e intervenir posteriormente en la fase procesal procedente en calidad de parte pasiva.

En resumen ni la denuncia ni la querella autoriza a llevar a efectos, actos de investigación con el fin de analizar la oportunidad de su admisión. Dicha admisión debe de serlo ad limine y el nacimiento de la condición de imputado debe de ligarse a este acto cuasi automático. Una tardía imputación arrastra en la mayoría de los casos consecuencias graves e irreparables para los derechos fundamentales del investigado.

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